El juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía contra el FC Barcelona como persona jurídica y José María Enríquez Negreira por los pagos millonarios de la entidad azulgrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) a cambio de, presuntamente, favorecer al club en las decisiones de los colegiados en los partidos. La acusación pública también implica a los expresidentes Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu y a dos exejecutivos del club.

En el mismo auto se admite también que la LaLiga se persone como acusación particular, así como el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Real Madrid. Este procedimiento se unifica con la querella interpuesta por Estrada Fernández. El juzgado pide a la Guardia Civil que investigue todas las operaciones realizadas por Negreira durante los casi 20 años en que están acreditados los pagos al por entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La denuncia se dirige también contra los exejecutivos del club Óscar Grau y Albert Soler.

Según el ministerio fiscal, estos pagos realizados por el club azulgrana entre 2001 y 2018 y que ascienden a 7,3 millones de euros y podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Los otros ex presidentes en este periodo no entran en la denuncia al haber prescrito porque la investigación se centra en los años que, según la fiscalía, no se consideran prescritos, de finales de 2010 hasta que se cesó la actividad en 2018.

La denuncia pone de manifiesto que las facturas no responden a “ninguna prestación o servicios de asesoramiento real”. Se asegura que se alcanzó un acuerdo verbal “estrictamente confidencial” con Enríquez Negreira para que, “a cambio de dinero”, realizase actuaciones tendentes a favorecer al club en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos y “así en el resultado de las competiciones”. El dinero desembolsado supone “una auténtica remuneración no prevista en los estatutos del club ni aprobada por la asamblea general por lo que carecía de título que lo justificara”, por lo que entiende que no tiene ninguna justificación reflejada en los estatus del club.

TOMADO DE MUNDO DEPORTIVO