Los resultados de las pericias de genética forense confirman que los cuatro cuerpos encontrados en la zona de Taura (Guayas) corresponden a los tres adolescentes y un niño desaparecidos tras un operativo militar, el pasado 8 de diciembre, informó la Fiscalía este martes, 31 de diciembre de 2024.
Entre lágrimas y casi sin poder hablar, Antonio Arroyo, tío de Ismael y Josué, dos de los niños desaparecidos de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, confirmó a los familiares que los cuatro cuerpos incinerados hallados en Taura corresponden a los niños desaparecidos.
El resultado se conoció tras la formulación de cargos, en donde un juez dictó prisión preventiva para los 16 militares sospechosos de la desaparición.
Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) confirmó que los exámenes antropológicos y de ADN realizados a los cuerpos confirmaron las identidades.
Se trata de los hermanos Ismael Arroyo, de 15 años, y Josué Arroyo, de 14, y sus amigos, Nehemías Arboleda (15) y Steven Medina.
A la noticia de la confirmación de que los cuerpos incinerados encontrados en Taura corresponden a los menores, con base en pruebas antropológicas y de ADN, en los exteriores del Complejo Judicial Valdivia del sur de Guayaquil se vivieron escenas de rabia y dolor.
Niños llorando en las veredas y adultas mayores que no podían sostenerse en pie, eran auxiliadas por amigos y familiares de las víctimas. Mientras, otros familiares descargaban su frustración a gritos contra personas que se habían convocado en una manifestación paralela a favor de los militares procesados.
El caso ha generado indignación nacional. Y el juez Deniss Ugalde decidió dictar prisión preventiva contra 16 militares en servicio activo, procesados por la presunta desaparición forzada de los cuatro menores.
Arroyo, visiblemente afectado, reclamó el hecho de que esperaran que termine la audiencia para confirmar la trágica noticia para las familias. La noticia se conoció unos 20 minutos después de terminada la audiencia.
“Lo que pedimos es que se haga justicia. Que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. No estamos conformes solo con la prisión preventiva; queremos respuestas inmediatas y que los responsables estén donde deben estar, en la cárcel, no en bases militares”, enfatizó Arroyo.
Durante la audiencia, se dictaron medidas de protección para los familiares de las víctimas, incluyendo acceso a atención psicológica y el uso del botón de auxilio, según lo establece el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Fiscalía estableció un plazo de 90 días para la instrucción fiscal.
Sin embargo, Abraham Aguirre, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), denunció irregularidades en el proceso, como fallos en la transmisión de audio, que limitaron la intervención plena de los representantes legales de las víctimas:
“Esto nos deja en una situación de indefensión. No culpamos al juez, sino a la persona designada por el Consejo de la Judicatura para garantizar el correcto desarrollo de la audiencia”, señaló Aguirre.
El abogado de las familias explicó que la Fiscalía informó a las familias de los resultados de los cotejamientos forenses tras terminada la audiencia de formulación de cargos, aduciendo que no se podía interrumpir la diligencia judicial.
También rechazó las especulaciones sobre una posible vinculación de los menores con actividades delictivas:
“La Fiscalía ha sido clara: no existe evidencia que relacione a los niños con actos ilícitos. Pedimos a los medios de comunicación que eviten difundir información que pueda estigmatizar a las víctimas”.
Arroyo reforzó esta posición, destacando que sus sobrinos eran niños dedicados al deporte y los estudios: “Aquí están los amigos de mis sobrinos, deportistas que compartían con ellos. Eran niños sanos, con sueños. Todo lo que se dice de bandas y tatuajes es falso”.
Los familiares también manifestaron su preocupación por el lugar de detención de los militares procesados, quienes permanecen en una base militar bajo custodia de sus compañeros en armas. Arroyo enfatizó:
“Queremos que sean trasladados a la cárcel, donde deben estar. Hay riesgo de fuga si permanecen en instalaciones militares”, indicaron.
Los restos fueron encontrados en una zona de Taura, parroquia perteneciente al cantón Naranjal en Guayas, y donde se encuentra una base de la FAE, el 24 de diciembre pasado.
Hasta allá llegaron equipos de la Dinased y antropólogos para comprobar que los cuerpos hallados correspondían a los menores de edad.
Los familiares de los menores han indicado que la noche de la desaparición, ellos se dirigían a una tienda a comprar pan tras jugar en una cancha de fútbol en la ciudadela Coviem, cerca de su domicilio en Las Malvinas, sur de Guayaquil.
Mientras que el Gobierno ha señalado que los niños fueron aprehendidos durante un “presunto robo” a una ciudadana, y que uno de ellos fue entregado por la propia ciudadanía, según consta en un informe del operativo militar de aquella noche.
Pero esa versión es negada por los familiares de los niños, quienes sostienen que sus hijos eran estudiantes y deportistas destacados.
TEXTO TOMADO DE PRIMICIAS
