Con 82 votos, la Asamblea Nacional aprobó la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador.
El 17 de octubre de 2024, el presidente Daniel Noboa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma parcial a la Constitución a través del Decreto Ejecutivo n.º 425, en el que proponía reformar el artículo 5 de la Constitución de la República para que este únicamente señale lo siguiente: “El Ecuador es un territorio de paz”.
Durante el debate, los legisladores de ADN y PSC anunciaron su respaldo, en tanto que la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presentó su oposición al cambio constitucional.
Los 82 votos provinieron de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik y algunos independientes aliados al gobierno de Daniel Noboa.
Fernando Jaramillo (ADN) se refirió a las consecuencias que trajo para el país el retiro de la base de Manta, como un punto estratégico para el combate y control del narcotráfico.
El Gobierno no puede enfrentar solo a estas bandas organizadas y por ello, es necesaria la cooperación de países amigos para recuperar la paz en todo el territorio nacional, dijo.
En su exposición acogió el criterio emitido por la Corte Constitucional y reiteró que esta propuesta no restringe derechos, por lo tanto, no restringe garantías constitucionales. “Se acabó en esta Asamblea venir a llorar por delincuentes, quien se oponga que le diga al pueblo por qué se opone al combate a la delincuencia organizada”, dijo.
Nuria Butiñá, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), anunció su oposición a la reforma constitucional, porque compromete la soberanía territorial y militar del Estado ecuatoriano.
Dijo que no se trata de un mero ajuste técnico de un texto constitucional. Lo que aquí se plantea es eliminar dos pilares fundamentales: la injerencia militar en el suelo ecuatoriano y la eliminación de cláusulas de garantías.
El establecimiento de nuevas bases militares extranjeras abre la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado ecuatoriano, advirtió.
La legisladora de RC comentó que en el pleno se señala que es necesaria la eliminación del texto que impide la presencia de bases militares extranjeras, para facilitar la cooperación internacional en seguridad y defensa. Sin embargo, no se dice que abrir la puerta constitucional al establecimiento de bases extranjeras puede tener efectos estructurales irreversibles sobre la soberanía nacional.
Tampoco se dice, añadió Butiñá, que esto podría comprometer la neutralidad del Ecuador en conflictos armados internacionales. Se arrastra “a nuestro país a situaciones que no responden a nuestros intereses nacionales y exponiéndonos a tensiones geopolíticas”, afirmó.
En suma, manifestó la asambleísta del Guayas, la reforma al artículo 5 se presenta como un mecanismo para enfrentar la crisis de inseguridad que se ha disparado en estos últimos ocho años de ausencia de políticas públicas y controles estatales, es en realidad un retroceso constitucional en la protección de nuestro modelo de Estado soberano e independiente.
Adrián Castro, de la bancada ADN, salió en defensa de la reforma constitucional y cuestionó la posición de la legisladora Nuria Butiñá (RC), pues dijo que no puede hablar de soberanía cuando precisamente en el pasado quien abrió las puertas al Tren de Aragua, quien legalizó a los Latin King y a los Ñeta, háganse cargo, y hasta al Consejo de Administración Legislativa (CAL) le dieron a uno de sus representantes.
Este proyecto político ganó en las urnas y hay que respetarlo, sentenció Castro.
La asambleísta Jadira Bayas (ADN) inició su intervención dirigiéndose al sector de la Revolución Ciudadana, lo encasilló y dijo que ese grupo político “siempre se ha visto caracterizado por estar a favor de estos grupos de delincuencia organizada”, que sin argumento alguno hablan de esta reforma constitucional; que el único objetivo es evitar que las organizaciones criminales globales, estos grandes carteles de narcotráfico, ocupen los vacíos de regulación y de información.
La legisladora Paola Cabezas (RC) emplazó a la legisladora Jadira Bayas (ADN) a indicar a qué grupo de delincuencia organizada (GDO) están vinculados. “Ante todo exigimos respeto”, dijo y reclamó que se debe dirigir mejor el debate y evitar desviar del objetivo principal.
Seguidamente, el legislador Alfredo Serrano, del PSC, anunció el respaldo a la modificación de la Constitución, pero reclamó a la sala respeto en el debate y recordó que hace 26 años, cuando se discutió la presencia de la base de Manta, fue de altura y no había agresiones.
Que votar a favor de la reforma al artículo 5 de la Constitución no significa comprometerse con un debate tan bajo como el registrado en esta sesión.
También manifestó: “Lo único que está mal es que se digamos que si hoy se aprueba la reforma al artículo 5 de la Constitución se acaba la delincuencia. Que ni tampoco se va a dejar de vivir sin miedo, que se resolverán todos los problemas del país.
TOMADO DE DIARIO EL UNIVERSO
