El presidente de la República, Daniel Noboa, declarar el 4 de octubre por la noche el estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza, por la causal de grave conmoción interna. Estas provincias se suman a Imbabura y Carchi, donde ya regía la medida.
La declaratoria de estado de excepción tendrá vigencia de 60 días, sin perjuicio de una eventual terminación anticipada de la declaratoria. Se restringe el derecho a la libertad de reunión las 24 horas del día, según el Decreto 174 firmado por el presidente Noboa.
La suspensión de la libertad de reunión de las personas, según el Decreto 174, “consiste en limitar la conformación de aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objeto de paralizar servicios públicos, e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos”.
Esta declaratoria se fundamenta, según el Decreto, “en las paralizaciones y hechos de violencia que han alterado el orden público, provocando situaciones que ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y sus derechos a la vida, integridad, libertad de circulación, trabajo, al ejercicio de actividades económicas y productivas, así como a la obligación estatal de proteger los sectores estratégicos”.
De acuerdo a las justificaciones del Decreto presidencial, la medida “busca detener las situaciones de las medidas de hecho” tomadas en esas 12 provincias por parte de la Conaie y sus aliados, “así como su radicalización, que se ha observado ha sido progresiva”.
La declaratoria se circunscribe a las provincias señaladas “por ser aquellas donde se concentran la mayoría de actos violentos que atentan contra la integridad física de las personas y servidores públicos, paralización del transporte, el impedimento del traslado de bienes, mercancías y productos de primera necesidad, los cierres de vías y la limitación del trabajo y de ejercicio de actividades económicas y productivas, así como el atentado a sectores estratégicos”.
La medida se produje luego de que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, advirtió al presidente Daniel Noboa que las protestas convocadas tras la eliminación del subsidio al diésel podrían radicalizarse a tal punto de tomarse Quito si “no hace caso” a sus demandas.
“Si el Gobierno no hace caso, vamos a estar convencidos de tomarnos Quito, compañeros y compañeras. Ya no podemos seguir aguantando. Ya no podemos seguir soportando”, señaló el líder de la organización social más grande del país durante una reunión con comunidades realizada sobre la medianoche del viernes en Alausí, provincia de Chimborazo.
Vargas incluso insinuó un golpe de Estado, al evocar las protestas sociales que llevaron a dejar el poder a los expresidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.
El Gobierno también busca contrarrestar los constantes duelos en ciudades como Otavalo, Antonio Ante e Ibarra entre partidarios de la Conaie y ciudadanos que piden trabajar y se oponen al paro de la Conaie, que ya alcanza su decimotercer día
Asimismo, se pone en alerta luego de que este sábado las organizaciones de los pueblos indígenas de Quito anunciarion que se sumaban al paro y anunciaban una marcha en la capital para el 12 de octubre.
Si bien fue la eliminación del subsidio al diésel lo que disparó las protestas indígenas, la Conaie también exige que se baje el impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 12 %, que se invierta en salud y educación y que se libere a 12 comuneros detenidos y procesados por terrorismo al inicio de las protestas.
El Gobierno de Noboa ha dicho que no se negociará la medida del diésel, ya que considera que el subsidio al diésel no ha beneficiado a los más pobres sino a los contrabandistas y a la minería ilegal.
Texto tomado de Primicias
