Este lunes, 8 de diciembre, se cumple un año de la retención de los menores Ismael, Josué, Steven y Saúl por parte de una patrulla militar en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Luego de este episodio se perdió el rastro de ellos y se reportó su desaparición en la zona de Taura.
En el ámbito judicial, un tribunal lleva adelante el juicio por el presunto delito de desaparición forzada contra diecisiete militares.
Durante el desarrollo de esta etapa, que arrancó el 5 de noviembre, se han emitido versiones sobre los hechos ocurridos desde su retención en el sur de Guayaquil y su posterior traslado a Taura.
Se han presentado relatos contrarios de militares; algunos han reconocido que se golpeó a los menores, mientras que otros lo han negado.
Entre ellos han coincidido en que los menores no fueron asesinados y que quedaron con vida al ser abandonados en un camino de segundo orden de Taura.
Además, inicialmente, varios de ellos confesaron que hubo la idea de unificar la versión con un abogado que contrataron.
Fiscalía busca demostrar responsabilidad de militares
En su parte inicial, la Fiscalía presentó su alegato de apertura para demostrar la responsabilidad penal de los implicados en el delito imputado.
El fiscal expuso que el 8 de diciembre las víctimas estaban en la av. 25 de Julio cuando presuntamente fueron abordadas por el personal militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.
Luego habrían sido llevados en dos camionetas sin que se les informara sobre sus derechos constitucionales ni se reportara el hecho al ECU911 o Policía.
La desaparición de los menores trascendió cuando sus padres dieron la alerta. Los menores habrían sido llevados a Taura y desde entonces se perdió su rastro, por lo que los familiares presentaron una denuncia por la desaparición.
El 24 de ese mes, los cuerpos de los menores fueron hallados calcinados en una zona de manglar del río Taura. Luego de los análisis forenses, el 31 se conoció que los cuerpos pertenecían a las víctimas.
Testimonio del experto en uso de la fuerza
En este juicio se presentó un experto en uso de la fuerza. Analizó lo sucedido el 8 de diciembre, la vulneración de los derechos de los menores, y aseveró que existen elementos de una desaparición forzada.
Dijo que esta se configura por el desconocimiento del paradero, más aún por ser niños y adolescentes, y porque “no se entregó información que se tenía a la Policía o Fiscalía en su momento”.
Pruebas periciales y reconstrucción de los hechos
Luego se dio paso a las pruebas presentadas por el perito de la Jefatura de Criminalística de Policía. Él estuvo en el reconocimiento de las prendas halladas en Taura y en la segunda reconstrucción de los hechos que se realizó en el caso.
En el juicio, el perito expuso fotografías de las prendas halladas en Taura: eran camisetas, ropa interior y zapatos. Reveló que se evidenció ausencia de fibra textil en la vestimenta que habría sido generada por quemaduras.
Con base en la segunda reconstrucción de los hechos, además, precisó que los menores fueron agredidos. Uno de los servidores habría golpeado a dos de los adolescentes con la ‘trompetilla de un fusil’.
Además, con base en un informe, uno de los soldados empezó a grabar lo ocurrido, de forma oculta, aseverando que “la cosa se estaba poniendo fea”. Otro uniformado les habría dicho a los aprehendidos que agradecieran que “no les había metido un tiro en la cabeza”.
En medio de las indagaciones de abogados de las partes procesales, en el informe se detalló que al llegar a un camino de segundo orden los menores fueron colocados boca abajo, ‘completamente desnudos’.
Un subteniente, identificado como John Z., habría sacado una pistola y disparó al piso en medio de dos de los menores. También trascendió que uno de los militares grabó con su celular a los cuatro chicos cuando eran golpeados, mientras uno le pisó con la bota derecha a la altura de la espalda al más pequeño.
El video clave de las agresiones
La Fiscalía además presentó como testigo a la hermana de uno de los militares procesados.
Ella reveló que recibió un video a su cuenta de WhatsApp por parte de su hermano. En el audiovisual se observaba a otras personas sentadas en posición fetal en el piso de una camioneta, y además a tres militares, uno de ellos con un fusil.
Explicó que en el video se observó a uno de los uniformados que le dio un manotazo en la cabeza a uno de los aprehendidos, mientras otro militar golpeó en la cabeza a dos personas con la trompetilla de su fusil.
Ella contó que su hermano le explicó el contexto del video que se habría dado el 8 de diciembre de 2024.
El chat grupal de los militares
Un perito de la Policía, quien participó en la primera reconstrucción de los hechos y una pericia informática, compareció en el juicio para dar detalles de las dinámicas de los hechos constituidos en la investigación con base en los detalles de las versiones de los involucrados desde la av. 25 de Julio hasta una vía de segundo orden de Taura.
Además, detalló la revisión de dispositivos electrónicos. En la revisión estableció la creación de un chat grupal de WhatsApp denominado ‘Asesoría jurídica militar’ con diecinueve integrantes.
Como aspecto llamativo, él dijo que se detectaron conversaciones entre militares para tomar la contratación de un abogado para su defensa y se cuestionaban entre ellos sobre hablar en torno a lo ocurrido.
En una parte de la conversación, una persona, identificada con dos emoticones, dijo: “Nadie en los informes puso que usted disparó, solo sea consciente de que el personal no está tratando de culparlo, solo decimos la verdad”, se expuso en el chat.
Testigos clave no se presentaron
Dos testigos clave no comparecieron. El fiscal Cristian Farez refirió que no se logró ubicar a dos testigos clave para que vuelvan a comparecer en esta etapa, por lo que se reprodujeron los testimonios anticipados dados por ellos. Uno de ellos fue quien prestó el teléfono a los menores para que se comunicaran con sus padres al quedar abandonados en Taura.
Militares hablan de agresiones
En esta etapa de juicio, cinco militares se han mostrado como cooperadores eficaces, mientras el resto sigue con su defensa regular.
Un militar, que colaboró como copiloto de una de las camionetas, refirió que un subteniente (John Z.) habría sido el que dio la orden de dirigirse a Taura. En una vía de segundo orden, se detuvieron los autos y los menores ayudaron a mover un árbol caído.
Otro militar procesado relató parte de las agresiones ejecutadas por tres miembros de la fuerza pública. Expuso que el subteniente sacó su pistola y realizó un disparo cerca de la cabeza de uno de los menores.
Él ordenó que los menores se bajen del vehículo y se quitaran la ropa por orden del subteniente, aseveró. Además, el mismo militar sacó su celular y grabó lo ocurrido con los menores.
Wilmer L., otro servidor procesado, expuso que se dio seguridad en el traslado de los menores y, en cambio, rechazó las versiones de agresiones a ellos.
Moisés L., otro militar procesado, dijo que el subteniente John Z. se ‘encarnizó’ con el más pequeño de los chicos.
Él sostuvo que existieron agresiones. Citó que varios compañeros dieron puñetes a los menores, durante ocho minutos seguidos. Según él, no hubo intención del oficial de llevarlos a una UPC.
A su vez, Álex Q., otro militar procesado, ofreció disculpas por no haber tomado acciones ante lo sucedido por miedo a represalias. Indicó que el subteniente John Z., que dirigió la operación, pidió a dos menores que se pusieran de rodillas en el peaje de la vía Durán-Tambo. Allí hubo golpes.
En la vía de segundo orden de Taura, dijo haber escuchado quejas de los menores mientras eran golpeados ‘desnudos’. También aseveró que el subteniente grabó un video mientras mantenía a uno de los menores en el piso.
Otro militar procesado, Sergio V., dijo que su acción fue bajarse de la unidad, sin aprehender a ninguno de los menores. Negó que haya observado o escuchado de agresiones.
Pruebas y contradicciones
A su vez, el mayor David Altamirano, encargado de material bélico, expuso que a los oficiales se les dio armas y que las municiones habían sido devueltas de manera íntegra.
Otro militar, John T., rechazó la versión de los militares que han aceptado colaborar con la Fiscalía como colaboradores eficaces.
A su vez, Lísther L., otro militar procesado, ratificó que los menores fueron liberados con vida, negó que se haya privado de la libertad a alguien y que se haya ocultado el paradero de los menores.
En dos ocasiones, dijo que se dio información al área de inteligencia al mando del subteniente Juan I., aunque sin presencia de ningún abogado.
Él, así como varios de los procesados, ha ratificado que no han recibido instrucción sobre delitos flagrantes, derechos humanos y menores en conflicto con la ley.
Otro procesado, Bryan N., ratificó que los menores quedaron con vida cerca de Taura, y comunicaron de manera verbal y escrita a sus superiores y Fiscalía sobre lo ocurrido.
David C., otro procesado, ratificó que recibió órdenes superiores para la intervención del 8 de diciembre. Indicó que desconocía que los aprehendidos eran menores, que les pidió detalles, pero estos se habrían negado a darles.
En el camino de segundo orden, dijo que uno de los menores pidió que los dejaran libres y, ante su insistencia, el subteniente a cargo del operativo accedió y se fueron hacia el pueblo.
En este juicio, Carlos E., otro procesado que colabora con Fiscalía, pidió perdón por haber “ocultado información y no haber hablado desde un principio”, pese a que —según él— intentó parar un patrullero y grabó un video.
Además, reveló que en la av. 25 de Julio, durante la intervención, hubo dos disparos de parte de dos compañeros.
Ratificó que hubo insultos y agresiones hacia los menores en el traslado hacia Taura.
“Agradece que no te metí un tiro”, le dijo un compañero a uno de los menores. Además, aseveró que después se dieron reuniones para interrogarlos sobre los hechos. “Nos dijo que no digamos nada, porque él tampoco había dicho nada”, dijo en alusión a un diálogo que habría tenido con John Z., quien encabezó el operativo.
Después narró que el militar Juan I., de Inteligencia Militar, le hizo preguntas y le habría pedido un informe escrito de los hechos.
Con su anterior defensa legal dijo que se había armado una historia para decir lo que cada uno debía manifestar. Además, John Z. les dijo que borraran todo lo registrado el 8 de diciembre, aseveró.
Carlos E. reconoció que hubo datos falsos que se dieron en la primera reconstrucción de los hechos y en la segunda aportó con datos verídicos.
Nuevos señalamientos y hallazgos
Entre las últimas presentaciones del juicio comparecieron tres militares más, entre esos John Z., encargado del operativo, y Juan Francisco I., de Inteligencia Militar.
Cristian A., uno de los cooperantes de la investigación, aseveró que hubo disparos —aunque no precisó detalles— y golpes durante la retención de los menores. Señaló a John Z. de pedir a los menores que se quitaran la ropa en un camino de segundo orden de Taura y luego les ayudaron a sacar un árbol que bloqueaba el paso.
Allí, dijo, se quedaron los menores abandonados, con vida. Reconoció que hubo diálogos entre militares para tener una versión unificada de los hechos, mientras los chicos estaban reportados como desaparecidos.
En su presentación, los abogados le consultaron sobre las municiones, y manifestó que escuchó que iban a hablar para reponerlas.
Posibles sospechosos de banda
Entre otros testigos presentados estuvo Erwin Márquez, perteneciente a la Dinased, quien hizo informes respecto a la búsqueda y las primeras indagaciones.
Con base en lo recolectado por fuentes, en primera instancia, dijo que se estableció a los presuntos sospechosos del crimen, entre esos alias Momo, pertenecientes a Los Águilas.
Militar y el hallazgo de vestimentas
Luego habló Juan Francisco I., quien colaboró en procesos de indagaciones a nivel militar cuando se reportó la desaparición de los menores.
Aseveró que su labor consistió en realizar indagaciones, analizar indicios, hacer entrevistas y expuso actividades hechas desde que se recibió un video sobre la retención de los menores el 10 de diciembre pasado y lo ocurrido en días posteriores con la búsqueda en Taura.
Dijo que en un canal encontró vestimentas que posteriormente se determinó que eran de los menores.
Explicó que apoyó en tareas investigativas, incluso con acompañamiento de Policía. Además, dijo que “hay muchas cosas que no son verdad” en alusión a los datos provistos por parte de los colaboradores eficaces.
Subteniente intentó llamar al ECU911
Luego de ello, John Z., militar procesado, aseveró que cuando se dio la retención de los menores tuvo dos intentos de hacer llamadas al ECU911, pero no salió la llamada, por lo que decidió llevar a los menores a la UPC de Virgen de Fátima.
En una vía de segundo orden de Taura, dijo, uno de los aprehendidos le insistió que los dejaran allí y no los entregaran a la Policía.
El oficial accedió y se retiraron del sitio. Desmintió que se hayan dado disparos y expresó que hay informes que avalan aquello. “No he ocultado ninguna información”, sostuvo.
TOMADO DE DIARIO EL UNIVERSO
