La Superintendencia de Compañías resolvió intervenir a la Compañía de Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios Extra y Expreso, mediante el oficio reservado SCVS-DNGDA-2026-00355-O emitido el 18 de febrero de 2026. La medida tiene como finalidad supervisar la situación económica y financiera de la empresa y propiciar la corrección de las irregularidades detectadas.
En el documento se establece que la decisión se sustenta en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías, en concordancia con los artículos 325 y 432 de la misma normativa. El objetivo, según la resolución, es evitar posibles perjuicios a socios y terceros mientras se implementan acciones correctivas.
Como parte del proceso, fue designada como interventora la abogada Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, acreditada como interventora externa por la Superintendencia. Entre sus funciones está la presentación de informes mensuales detallando las gestiones realizadas y el avance en la superación de las causas que motivaron la intervención.
La medida se produce en un contexto de controversia pública. El pasado 31 de diciembre, Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de Granasa, dirigió una carta al superintendente Luis Cabezas Klaere en la que denunció presuntos intentos del gobierno de Daniel Noboa de incidir en el control del 40 % del paquete accionario de la compañía.
Según Martínez, la autoridad habría solicitado revertir la transferencia de ese porcentaje accionario —realizada hace seis años a favor de Íngrid Martínez Leisker— argumentando falta de trazabilidad en el proceso y sugiriendo que las acciones pasen a ser administradas por un liquidador público. La intervención abre un nuevo escenario en un caso que combina elementos empresariales, regulatorios y políticos.
