Hacienda estima que el Barça defraudó algo más de 9,2 millones de euros en la contratación de Neymar. Esa es la conclusión del informe que la Agencia Tributaria ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La cantidad es levemente superior a la que la Fiscalía de la Audiencia estimó en el escrito del pasado mes de febrero en el que pidió imputar al club por posibles delitos fiscales.
La imputación fue acordada por el juez Ruz al día siguiente en un auto en el que reclamó a Hacienda el informe sobre la cuantía supuestamente defraudada. El presunto delito fiscal se habría producido al no retener el club el impuesto sobre la renta de no residentes en las cantidades reflejadas múltiples contratos entre el club y una sociedad de la familia Neymar. Los contratos no se conocieron públicamente hasta la apertura de la investigación en la Audiencia Nacional.
Según indicaron fuentes jurídicas, la Fiscalía tiene previsto citar ahora al representante del Barça para declarar como imputado y hacer lo mismo posteriormente con Sandro Rosell, que dimitió como presidente del club al estallar el escándalo del fichaje.
Según el fiscal, el Barça incurrió en un fraude tributario de 9,2 millones de euros, al no declarar debidamente el pago a las sociedades vinculadas al jugador de 10 millones de euros en 2011 y otros 27,92 millones en 2013 para asegurarse su fichaje.
Esos 9,2 millones supuestamente defraudados correspondería al 24,75 por ciento de los 37,9 millones que el Barcelona pagó a las empresas del entorno de Neymar y que la fiscalía entiende que no forman parte del traspaso sino del salario del jugador y, por lo tanto, deben ser considerados como rendimiento de trabajo.
Ruz concluye que Neymar tenía en el momento de fichar por el conjunto azulgrana la condición fiscal de «no residente», por lo que «la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debería practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas, en concreto del 24,75 por ciento de los rendimientos» del internacional brasileño.
Ante esta situación, el Barça ha optado por regularizar su situación fiscal por vía administrativa, lo que no le exime de la responsabilidad penal, aunque la multa por el fraude tributario sería menor.
El Código Penal establece una sanción de hasta seis veces la cantidad defraudada. Es decir, que si fuera condenado, el club debería pagar, además de los 9,2 millones supuestamente defraudados, una multa que podría ascender hasta los 54 millones.
