El judoca y exatleta olímpico Roberto Ibáñez, actual viceministro del Deporte, ha tomado protagonismo en los últimos meses por su gestión al frente de la cartera de Estado. En poco tiempo, su administración ha impulsado decisiones relevantes como el incremento del 25 % en el presupuesto deportivo por disposición del presidente de la República, recursos que están destinados tanto a organismos deportivos como a los propios deportistas.
Además, desde el Viceministerio se realizan recorridos semanales en territorio, se impulsa el Plan de Alto Rendimiento y se ha priorizado la firmeza en el cumplimiento de la Ley del Deporte. También se destaca mayor agilidad en trámites administrativos como el registro de directorios, audiencias y otros procesos internos.
En este contexto, se mantiene la discrepancia entre el Viceministerio y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), cuya directiva electa en mayo de 2025 aún no ha sido registrada, lo que ha impedido la transferencia de recursos correspondientes.
Ibáñez sostiene que el directorio encabezado por Jorge Delgado y Jefferson Pérez no puede ser inscrito porque, a su criterio, se incumpliría el marco legal vigente. La Ley del Deporte, en su artículo 151, establece que los directivos podrán optar por la reelección inmediata por una sola vez. Aunque sería la primera reelección de Delgado como presidente, el viceministro recalca que ha formado parte de cinco directorios anteriores.
Como antecedente, recordó que en 2023 el entonces ministro Sebastián Palacios consultó a la Procuraduría General del Estado ante una contradicción entre la ley y el reglamento sustitutivo. Según Ibáñez, el pronunciamiento fue claro en MARCADOR, de Diario El Universo: “Bajo ninguna figura podrá integrar ningún cargo directivo en el organismo sin que haya transcurrido al menos un periodo desde la finalización de su cargo”.
Desde el COE, en cambio, sostienen que el proceso electoral cumplió con la Constitución, la Ley del Deporte y las normas olímpicas. Su abogado, Francisco Moreno, ha advertido que la falta de registro constituye una injerencia estatal que pone en riesgo la autonomía del movimiento olímpico ecuatoriano.
Ibáñez, por su parte, insiste en que no se trata de falta de voluntad, sino de apego a la norma, y advierte que inscribir el directorio podría acarrearle consecuencias legales, administrativas y políticas. Como salida al conflicto, plantea que el Comité Olímpico Internacional analice el marco legal ecuatoriano y que, de ser necesario, se convoque a nuevas elecciones sin impedimentos jurídicos, garantizando así un proceso que pueda ser registrado de inmediato.
