De los 16 militares que estaban en la patrulla que capturaron a los menores de las Malvinas, cinco decidieron colaborar con la justicia para aportar datos que permitan aclarar lo que sucedió.
En la fase de juicio, los uniformados describieron nuevos datos, con los que se confirmó que los chicos fueron desnudados y recibieron golpes.
El Tribunal emitió este lunes 22 de diciembre una condena contra ellos de 30 meses de prisión.
Esta decisión llega después de varias semanas de juicio en el que las partes expusieron sus alegatos finales.
Otros once -incluido el jefe de la patrulla- fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión, y uno fue declarado inocente.
El juez ponente dijo que la versión de Carlos E. M., uno de los militares implicados, es la más detallada entre los cooperadores eficaces, desde la retención, golpes con fusiles, obligación de desnudarse a los menores y la quema de parte de su ropa.
Aportó detalles que solo un testigo presencial conoce, dijo el juez ponente en la lectura de sentencia.
Sobre la versión de Nelson Z., otro militar cooperador, agregó que él corroboró que la orden provino de John Z. para que ingresaran al a zona de Taura donde se dejó a los menores.
“Estas versiones cierran el círculo de las versiones” y “desmienten cualquier otra teoría de que murieron en el trayecto…”, dijo el juez.
Tras más de 50 minutos de exposición, el juez dijo que hay dos verdades: la oficial y la falsa. En un lado, dijo, están partes militares que omiten detalles del operativo, en contraste con lo dicho por los cooperadores eficaces.
Por lo tanto, las versiones de John Z. y el resto de militares deben ser rechazadas por el tribunal, dijo el juez José Suárez en la lectura.
La investigación por este caso se inició el 9 de diciembre de 2024 tras recibirse la denuncia de secuestro presentada por el padre de una de las víctimas.
Los menores Josué, Ismael, Nehemías y Steven, de entre 11 y 15 años, habrían sido detenidos por personal militar en las cercanías de un mall y trasladados en vehículos de las Fuerzas Armadas. Los uniformados de la FAE los detuvieron tras la alerta de un presunto robo.
Días después de la desaparición, los menores fueron hallados carbonizados en una zona de Taura. El 31 de diciembre de 2024, la Fiscalía determinó —mediante pericias de genética forense— que los cuerpos encontrados en Taura pertenecían a las cuatro personas menores de edad desaparecidas.
Al principio, la causa fue conocida por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) y posteriormente, el 22 de diciembre de 2024, fue transferida a la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza.
El caso ha despertado cuestionamientos por el proceder de los militares.
El Comité de Derechos Humanos de Guayaquil acompañó legalmente a los familiares de los menores.
TOMADO DE DIARIO EL UNIVERSO
