La captura de Nicolás Maduro este sábado por parte del gobierno de Estados Unidos tiene como antecedente un largo proceso judicial impulsado desde Washington. Durante años, la administración estadounidense —iniciada en el primer mandato de Donald Trump— sostuvo que el mandatario venezolano encabezaba una estructura criminal y debía responder ante la justicia norteamericana.
En 2020, Maduro fue formalmente acusado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y otros delitos relacionados. Estas acusaciones se convirtieron en la base legal para que EE.UU. avanzara con pedidos de captura y procesos judiciales en su contra, sosteniendo que existían pruebas suficientes para llevarlo a juicio.
Como parte de esta ofensiva, el Gobierno estadounidense ofreció inicialmente una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto. Ese monto se elevó a 25 millones a inicios de 2025 y posteriormente a 50 millones en agosto del mismo año, luego de que Trump regresara a la presidencia y declarara al Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, señalando a Maduro como su principal líder. “Esta acusación no se basa en discursos políticos, sino en pruebas presentadas ante un gran jurado”, afirmó semanas atrás el secretario de Estado, Marco Rubio.
El propio Trump confirmó la detención mediante una publicación en redes sociales, asegurando que se realizó con apoyo de fuerzas del orden estadounidenses y prometiendo ampliar la información. En la misma línea, el senador Mike Lee reveló que Rubio le confirmó el arresto para que Maduro enfrente cargos criminales en EE.UU. Finalmente, el vicesecretario de Estado Christopher Landau calificó la operación como “un nuevo amanecer para Venezuela”, afirmando que “el tirano se ha ido y ahora enfrentará la justicia por sus crímenes”.
