La Superliga entró en tiempo de descuento para su resolución, de vuelta al juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid que tramita el procedimiento, y que fijará fecha para el juicio, una vez conocido el parecer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la violación que la UEFA y la FIFA hacen del derecho comunitario.

Pasado el frenesí de las últimas 24 horas, en las que las partes enfrentadas volvieron a ofrecer versiones contrarias en su lectura de la sentencia de la corte europea, defensores y detractores empiezan a preparar la siguiente fase del proceso: la vista judicial tras la que la jueza Sofía Gil tendrá que dictar sentencia.

El anuncio de la sentencia del TJUE este jueves fue un paso más en un proceso que empezó el 21 de abril de 2021, cuando A22 Sports Management S.L. y European Super League Company S.L.-promotoras de la Superliga- denunciaron a la UEFA y a la FIFA por abuso de posición de dominio, al amenazar con sanciones a los clubes impulsores.

El caso llegó al tribunal de Luxemburgo un mes después, cuando el titular entonces del jugado madrileño, Manuel Ruiz de Lara, le remitió una cuestión prejudicial para que se pronunciara sobre esa posible posición de abuso de acuerdo a la normativa de la Unión. Por esto el TJUE no entró a resolver el caso, como dejó claro en su sentencia, ya que solo se le habían planteado cuestiones de carácter general sobre las normas de la UEFA y la FIFA.

Respecto a las mismas, el TJUE mantiene que son ilegales por supeditar a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición y por prohibir a los clubes y jugadores participar en ellas con sanciones.

Para el TJUE, la UEFA y la FIFA son organizadoras y reguladoras de una actividad económica, las competiciones de clubes de fútbol, y su facultad, como empresa en posición dominante, para determinar en qué condiciones pueden entrar al mercado empresas potencialmente competidoras debe ir acompañada de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado, ante el riesgo de conflicto de intereses.

Estos requisitos no se dan para el TJUE con la documentación remitida por el juzgado de Madrid en mayo de 2021.

Son palabras de su consejero delegado, Bernd Reichart, que volvió a presentar un nuevo formato, que incluye fútbol femenino, con 64 participantes divididos en tres grupos, un campeón en cada uno de ellos y ascensos y descensos para que sea una «competición abierta».

En fútbol masculino habrá 64 participantes, divididos en tres grupos -estrella y oro, con 16 equipos en cada uno de ellos, y azul, con los 32 restantes- entre los que habrá descensos y ascensos. Además, al grupo azul se podrán incorporar equipos en base a los méritos que hayan logrado en sus competiciones domésticas.

Tras los 14 partidos por grupo, habrá eliminatorias desde cuartos de final, con cuatro clasificados por grupo, para definir al campeón. Es decir, habrá un campeón por cada grupo; asimilándose a lo que ocurre actualmente con la Liga de Campeones, Liga Europa y Liga Conferencia.

El fútbol femenino funcionará de igual manera, pero con 32 clubes, divididos en los grupos estrella y oro. Entre ellos, subirán y bajarán dos clubes después de cada temporada.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que con la sentencia del TJUE «el fútbol no es ni será nunca más un monopolio». «Hace casi 70 años dimos un paso fundamental con la creación de la Copa de Europa; y hoy tenemos la responsabilidad de dar al fútbol europeo el impulso que tanto necesita», afirmó sobre un proyecto en el que el club blanco va de la mano con el Barcelona.

La Superliga tendrá que hacer trabajo de captación de clubes. Le han dado la espalda las ligas europeas, la «Premier» inglesa y las asociaciones de clubes. Solo el Nápoles se desmarcó ayer dispuesto a sumarse a un proyecto que afirma querer «unificar» el fútbol y «no dividirlo».

En junio de 2022, la UEFA modificó su normativa para la pre autorización de nuevas competiciones internacionales de clubes, con el objetivo de proteger el modelo de deporte europeo y contar con normas de autorización y sanciones objetivas, transparentes y no discriminatorias, como ha dictado el TJUE.

La misma establece criterios administrativos y financieros, relativos a aspectos sobre cómo se va a distribuir la solidaridad y el calendario internacional; criterios deportivos y técnicos, que aluden a los clubes y el modelo de clasificación, el reglamento y el calendario de partidos y criterios de mérito deportivo.

Estos últimos exigen la confirmación de que la competición debe cumplir con los principios de apertura y mérito deportivo y que no afecte al buen funcionamiento de las competiciones de clubes domésticas, ni a las competiciones de clubes de UEFA.

También tiene en cuenta criterios éticos, relativos al cumplimiento de la normativa de la Agencia Mundial Antidopaje (AFA), los derechos humanos, disposiciones contra el amaño de partidos y apuestas y disponer de un mecanismo disciplinario independiente.

Exige a la nueva competición solicitar autorización doce meses antes del inicio que se quiere proponer y otorga a a UEFA un plazo de 12 meses para resolver. Cualquier incumplimiento de estas normas conlleva sanciones, que en su grado máximo pueden llegar a la exclusión.

Este cambio normativo adoptado será uno de los argumentos que la UEFA expondrá en su defensa y en contra de la Superliga en la vista que debe celebrar el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, en fecha aún por determinar, dictar sentencia.

También el informe de LaLiga, la única liga personada en el procedimiento, sobre los perjuicios que la Superliga causaría, por considerarla «una propuesta egoísta y ególatra, diseñada para enriquecer aún más a los ya súper ricos y que implica la desaparición de centenares de clubes y de decenas de miles de puestos de trabajo en todos los países europeos».

LaLiga documenta su postura en un informe pericial de 2022 de KPMG, que estima que solo en España supondría una pérdida de ingresos global en LaLiga de hasta un -55% y un pérdida de valor de los clubes no-Superliga de hasta -64%.

La Superliga causaría la destrucción del balance competitivo de LaLiga: Real Madrid y Barcelona generarían cada uno +400M ingresos Superliga y mantendrían su capacidad comercial. El resto clubes perderían un 55% de sus ingresos

Los daños económicos son totalmente trasladables al resto de ligas y clubes europeos, cuyos ingresos y valor se verían igualmente muy afectados.

El fútbol profesional genera en España más de 194.000 empleos, 8.390 millones en impuestos y supone el 1,44% del PIB.

España, LaLiga y sus clubes aportan cada temporada más de 200 millones a la RFEF (fútbol no profesional), Consejo Superior de Deportes (CSD) (otros deportes) y sindicatos de futbolistas.

FUENTE: EFE.