Corría el año 2016 y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de sus miembros Raquel Gonzáles Lastre y Xavier Burbano Espinoza, puso una denuncia ante la fiscalía por la alteración de documentos de identidad de jugadores en el fútbol ecuatoriano.

En las declaraciones de los acusados se detalla la manera en la que a un muchacho nacido en Esmeraldas, lo trasladan a Guayaquil, le alteran los documentos y lo inscriben en los registros de un club y de la federación como si tuviese otra edad y otra identidad.

En Consejo de Participación Ciudadana, al interponer la denuncia, alegó la existencia del delito de trata de personas, por lo cual la fiscalía comenzó la investigación a través de la unidad especializada en el tema.

Luego de algunos meses, el 27 de Diciembre, se ha notificado a las partes que de  las versiones rendidas en el proceso, no existiría el delito de trata de personas, ya que las mismas refieren a una adulteración de documentos públicos, nada más

Es por esto que esa causa ha salido de las manos de la fiscalía de delincuencia organizada, para que sea sorteado a un fiscal especializado en Fe Publica, para continuar con la sustanciación del expediente