Leo Messi, al banquillo. Un juez de Gavà (Barcelona) ha rechazado la petición de la fiscalía de archivar la acusación de fraude fiscal contra Leo Messi y ha ordenado seguir la causa, en la que el internacional argentino queda a las puertas de ir a juicio junto a su padre Jorge Messi por tres delitos contra Hacienda.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Gavà (Barcelona) mantiene así la imputación contra el astro del Barcelona y da diez días a la fiscalía y al abogado del Estado para que soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

El juez rechaza la pretensión de la Fiscalía de archivar la causa contra Leo Messi y mantenerla sólo contra su padre porque cree que existen «indicios suficientes» para considerar que el futbolista «podría haber conocido y consentido la creación y mantenimiento de una estructura societaria ficticia, que tenía como única finalidad eludir el cumplimiento de las obligaciones tributarias derivadas de los ingresos generados por la explotación de sus derechos de imagen». En el auto, el juez considera «irrelevante» que los Messi hayan pagado a la Agencia Tributaria en declaraciones complementarias de IRPF las cantidades presuntamente defraudadas, aunque admite que la medida puede rebajar en uno o dos grados la pena que se les pueda imponer.

De la misma manera, considera irrelevante que se haya regularizado la situación de los ejercicios posteriores a los que se investigan, que son los de 2007, 2008 y 2009. Según la Fiscalía, era su padre, como representante, quien controlaba sus derechos de imagen y tenía «pleno conocimiento de las consecuencias defraudatorias» con la Agencia Tributaria Española que conllevaba el entramado societario que utilizó con sedes en paraísos fiscales para simular la cesión de derechos a sociedades ubicadas en estos países.

«Lionel A. Messi no intervenía en la toma de decisiones sobre la gestión y canalización de sus ingresos ni conocía realmente el alcance, la dimensión, finalidad y efectos del entramado societario», sostenía el escrito del fiscal. El jugador se limitaba, siguiendo las consignas de su padre, a estampar su firma «a los efectos de conocimiento y ratificación» en muchos de los contratos de cesión de su imagen, pero la Fiscalía sostiene que no era consciente de la finalidad defraudatoria del entramado.